Las obligaciones del Estado

La Sede de la UNESCO

©UNESCO/Dominique Roger
La Sede de la UNESCO

Al igual que los demás derechos humanos, el derecho a la educación les impone a los Estados tres niveles de obligación:

La obligación de respetar, la de proteger y la de cumplir con cada uno de los “rasgos esenciales” (disponibilidad, accesibilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación. La obligación de respetar exige que el Estado eviten tomar medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la educación.

La de proteger obliga al Estado a tomar medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el ejercicio del derecho a la educación. A su vez, la obligación de cumplir entraña la de facilitar y suministrar. La obligación de facilitar le impone al Estado la adopción de medidas positivas con el fin de ayudar a los particulares y a las comunidades a disfrutar del derecho a la educación.

Además, los Estados tienen también la obligación de hacer efectivo el derecho a la educación.

 

La responsabilidad de los Estados

La responsabilidad de los gobiernos se reiteró en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990). Al aprobar esta Declaración, los participantes en la Conferencia Mundial sobre Educación para todos (marzo de 1990) se comprometieron a “actuar en colaboración en nuestras propias esferas de responsabilidad, tomando todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de la educación para todos.

Los Gobiernos que participaron en el Foro Mundial sobre la Educación (abril de 2000), reiteraron su compromiso colectivo de adaptar el derecho a la educación a las realidad de hoy de mañana. La responsabilidad que suscribieron en el Marco de Acción de Dakar entraña obligaciones jurídicas, cuyo alcance puede apreciarse a la luz del derecho humanitario internacional.

La importancia de ese compromiso se evocó en la primera reunión del Grupo de Alto Nivel sobre la Educación para Todos (EPT), que se celebró en la Sede de la UNESCO los días 29 y 30 de octubre de 2001. En el curso de esta reunión, los participantes hicieron hincapié en la “responsabilidad fundamental que tienen los gobiernos en la educación, y más concretamente en la tarea de impartir una educación básica de calidad para todos que sea gratuita y obligatoria”.

Un estudio especial que se encargó en 2000 como parte de la evaluación de la EPT puso de manifiesto la índole de esa responsabilidad. Dicho estudio documentó hasta qué punto las poblaciones desarraigadas y otros grupos desfavorecidos carecen de servicios educativos. En algunos casos, promociones enteras de niños se ven privados de enseñanza básica. En algunas situaciones, toda una generación puede quedarse sin esos conocimientos fundamentales. El estudio insistió en que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de afirmar el derecho humano fundamental a la educación aun en condiciones de emergencia, y de proporcionar recursos. Una recomendación esencial fue que la educación en situaciones de emergencia se integrara desde el comienzo en el proceso de desarrollo del país, y no fuera considerada como una actividad de “auxilio”. (Informe final del Foro Mundial sobre la Educación, Dakar (Senegal), 26-28 de abril de 2000, UNESCO, 2000, pág. 24).

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