Inversión

Centro preescolar de Leififi, en Samoa

©UNESCO/Laura Berdejo
Centro preescolar de Leififi, en Samoa

La movilización de recursos es la mayor dificultad que confrontan los países en sus esfuerzos por ampliar y mejorar la calidad de la atención y educación de la primera infancia. Esta tarea es particularmente ardua en los países en desarrollo, donde el cuidado de la primera infancia puede verse relegado por otras prioridades urgentes, como la educación primaria universal.

Si los gobiernos se ocupan del asunto, que no siempre ocurre, suelen hacerlo en el contexto de las políticas sociales o de los servicios de salud del país. 

En 1990, la Declaración de Jomtien sobre Educación para Todos (EPT) planteó que los países deberían considerar la atención a la primera infancia como un aspecto de la educación básica. Una vez que los países han reconocido el valor que posee la inversión estatal en este ámbito, el desafío siguiente consiste en movilizar la financiación.

Por regla general, la asignación presupuestaria que se destina a la primera infancia es sumamente modesta. Por eso una estrategia eficaz puede ser el establecimiento de contactos con el sector privado (el empresarial y el que opera sin ánimo de lucro). Además, la participación del sector privado, que emplea métodos de mercado, puede garantizar una prestación de servicios más eficiente.

Pero los gobiernos deben usar medidas de financiación complementaria con el fin de garantizar la equidad de acceso a los niños pobres y menos favorecidos, ya que está demostrado que una estrategia exclusivamente mercantil destinada a aumentar las prestaciones a la primera infancia beneficia a las familias más privilegiadas, que pueden permitirse pagar por esos servicios.

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