» La seguridad de los periodistas, garantizada en derecho y amenazada de hecho
25.03.2010 - UNESCOPRESS

La seguridad de los periodistas, garantizada en derecho y amenazada de hecho

¿El periodismo es una profesión cada vez más arriesgada? La pregunta no es ociosa. En efecto, el número de periodistas víctimas de ataques aumenta sin cesar, pese a que las instancias internacionales no cesan de proclamar periódicamente el derecho a la información y a que las organizaciones de defensa de los profesionales de la prensa son ahora más numerosas que nunca.

Según la Federación Internacional de Periodistas (FIP), 2009 fue “uno de los años más sangrientos para los periodistas, y el último de un decenio que afligió a la profesión con un número sin precedentes de asesinatos de miembros de los medios de información”.

 El año pasado, la UNESCO condenó públicamente 78 asesinatos de periodistas. Se trata del mayor número de condenas expresadas desde 1997, año en que la Organización empezó a protestar sistemáticamente por cada asesinato de periodista. En su último informe, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO señala que “en la mayoría los casos la impunidad se interpone en el camino de la justicia”, lo cual “representa una grave amenaza para la libertad de expresión”.
 Sin embargo, las garantías ofrecidas por el derecho internacional nunca han sido objeto de un reconocimiento tan universal como en nuestros días. “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, proclama el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948.
Una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2006 condena “los ataques intencionados contra periodistas” y recuerda que éstos “deberán considerarse civiles, […] a condición de que se abstengan de emprender acciones que afecten negativamente a su estatuto de civiles” (Resolución 1738: Protección de los civiles en los conflictos armados)

En 2007, los participantes en la una conferencia de la UNESCO sobre la libertad de prensa celebrada en Colombia, aprobaron la Declaración de Medellín, en la que se reiteraba que “la libertad de prensa tan sólo puede disfrutarse cuando los profesionales de los medios de comunicación no padecen intimidaciones, presiones ni coerción”. Este texto pide a los Estados Miembros de la UNESCO que “cumplan con su deber de prevenir los crímenes contra los periodistas […], investigarlos y sancionarlos”. Diez años antes, en 1997, la Conferencia General de la Organización había aprobado un texto sobre la obligación que incumbe a los Estados de prevenir los crímenes contra los periodistas (Resolución 29 C/29).

 Además de esta protección jurídica, algunas organizaciones de la sociedad civil se han asignado la tarea de defender a los profesionales de los medios de información. Reporteros sin Fronteras (RSF) ha editado una “Guía Práctica del Periodista” en la que se dan consejos para afrontar situaciones postraumáticas. La Federación Internacional de Periodistas (FIJ) ha editado un manual de seguridad y ha creado un “Fondo de Solidaridad” para prestar ayuda a los periodistas amenazados. Por su parte, el International News Safety Institute (INSI) ha elaborado programas de seguridad para los medios informativos. RSF organiza, en colaboración con las fuerzas armadas francesas, cursos de formación con simulacros de realización de reportajes en contextos de guerra.

 Este tipo de formación, aunque es sin duda útil para los corresponsales de guerra, no puede servir de ayuda, lamentablemente, a los periodistas que son amenazados por sus artículos, en particular cuando tratan de casos corrupción o ponen en tela de juicio la actuación de poderes políticos reacios a toda crítica. El PIDC señala que la gran mayoría de los profesionales de la prensa víctimas de asesinatos no son corresponsales de guerra, sino periodistas dedicados a cubrir la actualidad en sus propios países o regiones. Por este motivo, las organizaciones de defensa de la libertad de expresión llevan a cabo una activa campaña para que los Estados donde los periodistas son objeto de ataques repetidos se comprometan, concretamente, a poner un término a su impunidad.




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