23.04.2012 - Natural Sciences Sector

Madiodio Nasse alerta sobre los riesgos de permitir la adquisición de tierras, a gran escala, por los inversionistas extrajeros

© Madiodio Niasse

Desde Sudán hasta el Pacífico Sur, la ruta que conduce a la adquisición de las tierras agrícolas está abierta. Se observa una tendencia creciente de los inversionistas extranjeros a adquirir vastas superficies de tierras agrícolas para alimentar a las poblaciones de sus propios países y producir biocombustibles. Jacques Diouf, ex Director General de la FAO, evocó un riesgo de neo-colonialismo agrario. ¿En qué medida este fenómeno representa una amenaza para la soberanía nacional y cómo podemos evitar los excesos? Hablamos con Madiodio Niasse, Director de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, con sede en Roma (Italia), y uno de los redactores del Cuarto Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo.

Los gobiernos que ceden grandes extensiones de tierras cultivables a los extranjeros, ¿las venden la mayoría de las veces o las alquilan?

La mayoría de las veces, las alquilan. Un estudio realizado el año pasado por la Norwegian People Aid1 indica que en las 28 transacciones por un total de 2,64 millones de hectáreas de lo que ha devenido en gran parte de Sudán del Sur, no había ninguna venta de tierras con derechos de plena propiedad más bien contratos de arrendamientos a largo plazo, que van de 30 a 60 años.

Del mismo modo, un estudio realizado en 2011 por el Instituto Internacional del Medio Ambiente y del Desarrollo, examinando las cláusulas de 12 transacciones contractuales relativas a las tierras en África, demostró que ninguno de estos acuerdos se refería a ventas propiamente dicho, sino más bien a arrendamientos a largo plazo, concesiones o incluso de los contratos de explotación2. Incluso en Etiopía, uno de los principales destinatarios africanos de este tipo de inversiones, la ley no permite la propiedad privada de la tierra, la cual es propiedad del Estado. El inversionista debe por consiguiente, en general, ocupar la tierra bajo un contrato de arrendamiento.

Creo entonces que es conveniente hablar de concesiones en vez de contrato de arrendamiento. Ya que en un acuerdo ordinario de arrendamiento, el inquilino se contenta con explotar la tierra más o menos en el estado en que ésta se encuentra, invirtiendo muy poco en ella, y pagando su alquiler a quien le alquila. En el caso de los tratos a gran escala, una de las primeras justificaciones ofrecidas por los gobiernos de los países en desarrollo es que necesitan inversiones para desarrollar sus tierras y mejorar la productividad.

El nuevo destinatario de la tierra debe por lo tanto desde ese momento, invertir en las infraestructuras de control del agua y la irrigación, las rutas, instalaciones de almacenamiento, etc. Esto está más o menos explícito en el acuerdo concluido entre el Estado y el inversionista, llamado concesionario. La duración de las concesiones, que varía de 15 a 99 años, a menudo es renovable. La venta de los derechos de propiedad de la tierra libre de todo derecho es más común cuando la tierra está ya sujeta al régimen de la propiedad privada, que es común en muchos países de América Latina.

Se plantea entonces la pregunta siguiente: ¿hay una diferencia fundamental entre la atribución de concesiones a los inversionistas y los derechos de la libre propiedad? Pienso que no. Cuando grandes inversiones materiales se han previsto, el concesionario exige que el acuerdo con el gobierno le confiera un nivel de garantía y de seguridad de ocupación muy parecidos a los que acompañan los derechos de libre propiedad de la tierra, por lo menos durante la duración de la concesión. Aun cuando estas garantías no se dan de manera explícita, la profunda transformación de la tierra y las fuertes inversiones consentidas por los concesionarios son tales que el gobierno local a menudo no tiene otra opción que abandonar la tierra en manos del concesionario o transferirla a otro inversionista, en condiciones contractuales similares. Una tierra dada en arrendamiento por 99 años es una tierra casi perdida para siempre.

Por esto es que los gobiernos nunca deberían tomar a la ligera la venta de tierras ni su atribución en concesión. Por desgracia, este consejo tiene grandes posibilidades de que caiga en oídos sordos, ya que muchas adquisiciones de tierras a gran escala se llevan a cabo en los países donde la gobernabilidad es muy débil. Se desprende de la lectura de un estudio realizado por el Banco Mundial3 de 2011 sobre este fenómeno, que cuanto más débil es el gobierno, más atractivo es el país para estos inversionistas extranjeros a gran escala. Esto significa que la corrupción, las comisiones, el desalojo ilegal de los propietarios tradicionales y la violencia contra las comunidades son comunes en el fenómeno actual de adquisición de tierras a gran escala.

¿Puede citar casos en que la adquisición de tierras por parte de los extranjeros haya dañado el medio ambiente o de lo contrario penalizado a la población local?

Como es un fenómeno muy reciente, es difícil en esta etapa evaluar en términos generales su impacto medioambiental o social. La mayoría de las transacciones de tierra de la que hablamos a menudo involucran a cientos de miles de hectáreas. Desarrollar estas tierras lleva varios años. Muchas de estas transacciones se encuentran todavía en la etapa de las negociaciones o del desarrollo de las infraestructuras básicas, tales como caminos y canales. En algunos casos, la explotación comenzó en pequeñas parcelas y ya constatamos que los ríos fueron desviados para la construcción de canales. Esto es lo que sucede en la granja de 100 000 hectáreas de Malibya, proyecto impulsado por un fondo soberano de Libia en el delta interior del Níger en Malí.

Otro impacto que se manifiesta muy temprano es el de arrebatarle la tierra y del desplazamiento forzoso de los pequeños agricultores, de los pastores y de las poblaciones indígenas. Según el Oakland Institute4 de los Estados Unidos, el plan de inversiones previsto por la empresa norteamericana Agrisol Energy para 325 000 hectáreas de tierra en Tanzania debería desplazar más de 160 000 personas, lo que plantea problemas extremadamente complejos de reasentamiento.

Las concesiones a gran escala de tierras generan frecuentemente una especie de «maldición» vinculada a la planificación (planning blight effect, "efecto asolador de la planificación"), debido a sus efectos mortíferos en la estructura social y las actividades económicas en las zonas afectadas tan pronto como es tomada la decisión de entrega de las tierras, o desde el comienzo de las negociaciones entre el gobierno y los inversionistas interesados.

Podemos predecir el futuro sobre la base de la experiencia que tenemos de los proyectos de los agronegocios existentes. Las consecuencias previsibles son: la conversión de bosques en terrenos agrícolas, la pérdida de diversidad biológica provocada por el monocultivo, el uso masivo de fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas, una extracción de agua insostenible a largo plazo y los riesgos de conflictos por el uso del agua con las comunidades locales y Estados vecinos que comparten los mismos sistemas fluviales transfronterizos.

Etiopía ha vendido más de 1 millón de hectáreas de tierras fértiles a los inversionistas de la India, Arabia Saudita y otros países, lo que ha desplazado a decenas de miles5 de pequeños campesinos. El gobierno argumenta que los inversionistas van a producir más alimentos, que no todos van a ser exportados. ¿Qué piensa usted?

Tengo que reconocer que Etiopía, al igual que muchos otros países subsaharianos, incluido el mío, el Senegal, tienen graves problemas de desarrollo. Los cultivos de subsistencia familiar, columna vertebral de la economía rural de Etiopía, dependen principalmente de la lluvia, ya que sólo el 10% de las tierras de cereales son irrigadas. Esta agricultura es por consiguiente altamente vulnerable a la variabilidad y al cambio climático. El frecuente déficit de precipitaciones ha provocado en los últimos años graves sequías y hambrunas. Etiopía es el mayor receptor de ayuda alimentaria del mundo.

Creo que cualquier gobierno responsable ante tal problema se ve obligado a actuar. Pero los gobiernos tienen varias opciones. Parece que el gobierno etíope ha preferido apostar por estas concesiones a gran escala de tierras agrícolas fértiles cedidas a los inversionistas extranjeros. Esta opción es arriesgada, ya que no hay ninguna garantía todavía de que los beneficios esperados de la infraestructura rural, los empleos y la contribución a las necesidades nacionales de alimentos se materializarán.

Una opción menos aventurada, pero aún poco explorada es que el gobierno invierta en la modernización de la agricultura familiar. Para ello será necesario dedicar una parte sustancial de los recursos públicos al sector agrícola y ordenar el entorno jurídico e institucional para alentar a los agricultores etíopes a invertir en sus tierras e innovar. Si esta solución ha sido un éxito en Vietnam, ¿por qué no podía tener éxito en África? En los casos en que se justifique la inversión extranjera, podría darse prioridad a las disposiciones que no implican la transferencia de tierras laborables a los inversionistas extranjeros. Esto podría tomar la forma de contratos de compra entre productores e inversionistas (contratos de explotación) o de joint ventures, que, también, plantean problemas, pero por lo menos permiten a los agricultores y al gobierno seguir siendo dueños de su destino.

¿Cómo la población autóctona puede hacer valer sus derechos sobre la tierra, sin títulos de propiedad?

Los pueblos autóctonos están afectados de forma desproporcionada por expropiación de tierras a gran escala. Hay varias razones, como el hecho de que ocupan y utilizan las tierras que los gobiernos consideran a menudo yerma, sin dueño y/o subutilizadas.

¿Qué podemos hacer? En primer lugar, obligar a los gobiernos a reconocer como pueblos indígenas todas las comunidades que respondan a los criterios que las definan según el derecho internacional. En segundo lugar, promover el respeto integral de las disposiciones relativas a la tierra de la Convención 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, particularmente el principio general de que los pueblos indígenas no deben ser expulsados de las tierras que ocupan y, en los casos excepcionales en que se ha considerado la reubicación, la cuestión debe ser condicionada a su consentimiento previo, libre y avisado.

En diciembre pasado, con un voto de 62 contra 1, el Senado argentino limitó a 1 000 hectáreas la adquisición de tierras por particulares o empresas extranjeras, así como la ocupación de tierras por los extranjeros a 15% de las tierras agrícolas. Este porcentaje es actualmente del 7%. ¿Qué piensa usted de este acontecimiento?

Como le decía, en Argentina, como en otras partes de América Latina, la mayoría de la tierra de cultivo es propiedad privada de agricultores y de empresas. Las grandes propiedades de tierras son parte integrante del paisaje rural. El temor que inspiran las vastas propiedades es real, sin embargo, en las comunidades de pequeños agricultores y los pueblos autóctonos de América Latina, el proceso de concentración de las tierras tiende a aumentar con la adquisición de grandes extensiones de tierras por los extranjeros, lo que se traduce en aumento de las desigualdades en cuanto al tamaño de las explotaciones agrícolas. En Argentina como en el resto de la América Latina surge la inquietud de ver la “extranjerización de la tierra”. En el contexto mundial actual, que ha visto la subida de los precios de la tierra, las transacciones internacionales de las tierras agrícolas podrían fácilmente escapar a cualquier control y desembocar en la toma del poder por parte de los intereses extranjeros de la mayoría de las tierras de América Latina, amenazando la soberanía nacional de los Estados sobre su territorio. Eso llevó a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay a adoptar una serie de leyes que prohíban o restrinjan la venta de tierras a inversionistas extranjeros.

Entrevista de Susan Schneegans
Publicado en Un Mundo de Ciencias, Vol. 10, No. 2    

1. Norwegian People Aid Survey (.pdf)
2. Acuerdo para la compra de la producción cosechada entre el inversionista y el granjero que continúa cultivándola y con la propiedad de sus tierras
3. Deininger and Byerlee (2011) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?
4. Ver Oakland Institute brief (.pdf)
5. Según a Human Rights Watch




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