El Estado de Derecho para Asegurar la Seguridad de los Periodistas y el Combate a la Impunidad

El Estado de Derecho es un requisito previo para, así como un resultado de, una agenda exitosa de desarrollo. Para la ONU, el Estado de Derecho se refiere al “principio de gobernanza en el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluyendo el propio Estado, renden cuentas ante a las leyes públicamente promulgadas, igualmente reforzadas e independientemente adjudicadas, y que sean consistentes con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos”.

El informe del Panel de Alto Nivel sobre la agenda de desarrollo post-2015 destacó que “el Estado de Derecho, la libertad de expresión y los medios, la opción política abierta y la activa participación ciudadana, el acceso a la justicia, los gobiernos e instituciones públicas no discriminatorias y responsables ayudan a impulsar el desarrollo y tienen su propio valor intrínseco. Ellos son ambos medios para un fin, y también un fin en sí mismos”.

El Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad y el funcionamiento fluido de la sociedad. Es solo cuando se respeta el Estado de Derecho que los ciudadanos pueden tener confianza en el proceso democrático en el largo plazo e invertir en el desarrollo sostenible de su sociedad. Los medios de noticias cumplen una función crucial como el sector de la sociedad más capaz de promover la vigilancia hacia el Estado de Derecho, especialmente por fomentar el periodismo investigativo, promoviendo la abertura de procedimientos judiciales, legislativos y administrativos, juntamente con el acceso a funcionarios y documentos públicos. El gobierno tiene un papel central en ese sentido, al proteger la independencia y el pluralismo de los medios de noticias, especialmente durante momentos críticos de eses procesos.

El Estado de Derecho es especialmente importante en lo tocante a la protección del derecho a la libertad de expresión para todas y todos. La seguridad debe ser especialmente garantizada para aquellos que la UNESCO describe como “periodistas, trabajadores de los medios, y productores de medios sociales, que generan una porción significativa del periodismo de interés público”. Cuando esas personas sufren crímenes cometidos por motivo de su uso de la libertad de expresión, las autoridades deben reaccionar rápidamente y los perpetradores deben ser llevados a la justicia por medio de un proceso judicial adecuado. 

El desarrollo es perjudicado cuando periodistas (así como periodistas ciudadanos), editores, editoriales e intermediarios online quedan sometidos a la coerción y manipulación política o financiera. Los denunciantes, en la condición de fuentes para los periodistas, también son perseguidos, si bien las prácticas corruptas que ellos informan son por definición contrarias al desarrollo. Los periodistas que investigan sobre la corrupción frecuentemente enfrentan severas represalias cuando funcionarios corruptos amenazan a sus lugares de trabajo, sus familias y su reputación. El mayor daño para el desarrollo ocurre con el asesinato de periodistas. Más de 600 periodistas fueron muertos en los diez años recientes. No es posible hablar de buena gobernanza cuando algunos de los miembros más visibles de la sociedad, o sea, aquellos que son responsables por traer información y noticias al público, han sido asesinados a una tasa de una persona por semana.

Un ambiente mediático libre, independiente y pluralista, tanto online como offline, debe ser un ambiente en que aquellos que trabajan con periodismo pueden hacerlo de modo seguro e independiente, y sin miedo de amenazas o hasta mismo asesinatos. El desarrollo debe ser un ambiente donde ataques, intimidaciones, acosos, secuestros, prisiones arbitrarias, amenazas y asesinatos de periodistas son excepciones raras, y no la norma, donde cualquier violación es tratada de modo adecuado bajo el Estado de Derecho.

El Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de Periodistas y la Cuestión de la Impunidad es un factor relativamente nuevo sobre la escena internacional, y es altamente significativo para los problemas de la seguridad del periodismo y la impunidad. El Plan ha sido concebido en la reunión del Consejo del Programa Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de la Comunicación (IPDC) en 2010, y fue respaldado más adelante por la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas en abril de 2012. Tiene la meta específica de movilizar la familia de agencias de la ONU, así como a otras partes interesadas, incluyendo gobiernos, organizaciones regionales, ONGs y entidades mediáticas, para colaborar en la creación de un ambiente más seguro para los periodistas. 

Hay un enorme potencial en el Plan de Acción de la ONU, en términos de traer todo el peso de las Naciones Unidas para el tratamiento de los desafíos, y para que sea un punto de referencia para otros actores que comparten la preocupación de revertir la marea. Ya podemos ver diversos mecanismos de la ONU que se mueven hacia la dirección de contribuir al progreso del Plan de Acción. Es fundamental para el Plan la idea de que las experiencias de un país o una región pueden ser útiles para los otros en el sentido de mejorar la seguridad de los periodistas. La recopilación y compartición de información actualizada y mejores prácticas, así como la realización de misiones e investigaciones internacionales en atención a casos específicos pueden ser altamente benéficas. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer hasta que se alcance un nivel óptimo de intercambio de información y aprendizaje conjunta, y también en términos de adaptar las buenas prácticas a los diferentes contextos regionales y nacionales. El Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014 es una ocasión apropiada para hacer un balance de esas cuestiones.

Principio de la página