Una perspectiva jurídica y reglamentaria: proteger mejor la libertad de expresión en la era de las comunicaciones electrónicas

Históricamente, las telecomunicaciones, la radiodifusión y otros medios de comunicación de masas  eran segmentos industriales separados; utilizaban tecnologías diferentes y se regían por distintas reglamentaciones. La reciente convergencia de las comunicaciones está disolviendo las barreras establecidas, no solamente entre periodistas profesionales y ciudadanos que utilizan las nuevas herramientas, sino también el entorno jurídico y reglamentario. 

Sin embargo, el sistema jurídico se ha adaptado demasiado lentamente a los cambios provocados por la convergencia de las telecomunicaciones y la radiodifusión (comprendida la de servicio público) y la fusión de los operadores de la banda ancha y los proveedores de servicios Internet.

Existen diversas políticas y enfoques respecto de la vida privada y la libertad de expresión, comprendidas la política industrial y las reglamentaciones tales como el derecho de autor, los enfoques centrados en el usuario relativos a la política de protección de la infancia, el fraude, la difamación y el lenguaje injurioso, las políticas centradas en las redes vinculadas al nombre de los dominios, y las políticas de seguridad relativas a la vida privada y la libertad de expresión. ¿Cómo utilizamos los mecanismos existentes para proteger mejor la libertad de expresión en la era de las comunicaciones electrónicas? Si esos mecanismos son inadecuados, ¿qué hay que hacer?

La organización de derechos humanos Artículo 19 señaló hace poco que los intermediarios de Internet eran indispensables para facilitar las conexiones entre los proveedores de información y los usuarios. En la actualidad son el nuevo servicio postal, la red telefónica, el periódico local y la radioemisora. Pero no está claramente establecido cómo tratan con ellos la sociedad civil y los gobiernos, y por lo tanto a menudo se limita indebidamente la libertad de expresión.

“Internet no es ordenado. Es complejo. Cada uno es al mismo tiempo un sujeto y un controlador de los datos,” dijo Richard Allan, del portal social en línea Facebook, en el Internet Governance Forum (IGF) celebrado en Vilnius (Lituania) en 2010. Esta nueva relación establecida por las redes sociales puede dar lugar a críticos problemas jurídicos: para las autoridades que deben aplicar las leyes, que pueden limitar la libertad de palabra; para las empresas de Internet que deben proteger la vida privada y elaborar normas en un entorno en línea; para los usuarios, especialmente los jóvenes, que deben saber cómo proteger su vida privada y la libre expresión.

 

Elementos para la reflexión:

  • ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas y de derechos humanos de las redes sociales para la libertad de expresión, la vida privada y la protección de los datos personales? 
  • ¿Cómo proteger el derecho a la libertad de expresión de los “bloggers” y otros usuarios en Internet y las redes sociales? 
  • ¿Cómo definir unas normas y una legislación aplicables y compartir buenas prácticas sobre la protección de la vida privada? 
  • ¿Cuál es la función de los proveedores de servicios Internet y las empresas que albergan sitios web? ¿Son espectadores neutrales? ¿Y cómo tratar los conflictos de jurisdicción creados por la índole transfronteriza de la web y las redes sociales? 
  • ¿Cuál es el efecto de la nueva convergencia de los medios de comunicación en un entorno que facilite la libertad de expresión?
     
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