DEFINING A NEW COMPACT BETWEEN THE PUBLIC AUTHORITIES
AND THE INFORMATION SOCIETY
Mr. Thomas de la Quadra-Salcedo
President
Spanish Association of Telecommunications and Information Technologies Rights(ADETI)
Spain
I - Público y privado en el cyberespacio.
Durante los años emergentes de lo que se ha llamado cyberespacio se sentaron las bases para una concepción del uso de ese espacio como libre de intervenciones públicas o estatales. En ese sentido Internete, como instrumento fundamental de la Sociedad de la Información (SI), tiene que enfrentarse con la definición del papel que se quiere que corresponda a lo público , cuando empieza a llegar a su etapa de desarrollo.
En efecto, en la actualidad la progresiva popularización de Internet y la generalización de su uso empieza a poner de manifiesto la existencia de algunos problemas para cuya solución se demanda por algunos la intervención estatal. Es ahora cuando surgen voces que ponen en cuestión la necesidad de esa intervención y la conveniencia de proclamar la libertad del cyberespacio como en otro tiempo se proclamó la libertad de los mares, cuando el descubrimiento de América potenció la importancia del océano como medio de comunicación.
Esa demanda de libertad, de libertad frente al poder, debe, sustancialmente, ser compartida. Pero también es necesario indagar en sus orígenes y en sus consecuencias para encontrar el justo equilibrio entre la libertad y la existencia de políticas públicas que, en el respeto a los derechos fundamentales de la comunicación de los particulares a través de la red, garantice también los derechos de la humanidad a beneficiarse de sus efectos sin distinciones que ahonden las diferencias sociales entre los que tienen acceso y los que no lo tienen. Diferencias dentro de cada país y diferencias entre los países.
La espontaneidad de la sociedad civil en el cyberespacio ¿espejismo o realidad?.Durante los años emergentes del cyberespacio, lo que es tanto casi como decir de Internet, se ha acabado imponiendo un sentimiento de libertad en la utilización de la red no carente de fundamento. Esa sensación ha venido siendo sostenida, además, por la idea de que, en realidad, la comunicación que se establecía a través de Internet era una comunicación muy semejante, cuando no igual, a la que se establece entre personas que sostienen una conversación telefónica o intercambian correo. Lo publico, los Estados, nada tiene que decir a ese respecto pues se trata, en definitiva, del reino de la libertad y de la espontaneidad de la sociedad civil. Espontaneidad que no puede ser coartada con la introducción de disciplinas públicas que de cualquier forma condicionen o limiten la libertad de los protagonistas del cyberespacio que son quienes lo usan.
Un cierto romanticismo, heredero de la concepción de Rousseau de las ventajas del estado de naturaleza, se ha generado en los primeros usuarios del cyberespacio, que se podía entender como un espacio nuevo y vacío, sin reglas ni normas sociales, donde la historia podía empezarse a escribir desde el principio. Esa convicción probablemente tenga que ver con la sensación, que los primeros pobladores de este espacio virtual han debido tener, de ser los ocupantes de un territorio ignoto, sin reglas, instituciones ni tribunales. Solo cuando ese territorio ha empezado a atraer a millones de personas- cuando se ha puesto de manifiesto su valor económico - ha empezado a hablarse de reglas, instituciones o limitaciones.
En esas condiciones sus primeros pobladores, los del espacio virtual o cyberespacio, resienten cualquier intervención como una imposición. Y desde luego no les falta razón si tal intervención consiste en entrometerse en lo que son comunicaciones interpersonales, para las que reclaman la máxima autonomía. Es preciso dilucidar si, en otros aspectos, esta justificada esa reticencia a cualquier forma de intervención de los Estados.
En todo caso conviene recordar que ese territorio nuevo, que ha sido ocupado por sus nuevos conquistadores sin derramar una gota de sangre, simplemente ocupando lo que estaba abandonado o era desconocido, puede ser también visto como el resultado de una intervención pública al máximo nivel.
En efecto debe recordarse cómo Internet es el resultado de una decisión de defensa que contemplaba la posibilidad de un ataque nuclear que dejase sin comunicación a USA, al acabar con los nudos centrales de comunicaciones. En ese escenario era necesario diseñar el establecimiento de una red no jerarquizada y en forma de malla que permitiese derivar las comunicaciones hacia los nudos de la red que se hubiesen salvado de ese supuesto ataque. La forma física de la red y el lenguaje a utilizar, transformando los contenidos en paquetes de bits, son el resultado de una operación de defensa en la que sus estrategas necesitaban utilizar la espontaneidad de la sociedad civil.
Los inicios de Internet, las investigaciones que lo hicieron posible, la tecnología empleada, resultan así ser la consecuencia de una decisión que proviene del núcleo duro de cualquier Estado, de su función de garantía de la seguridad y la defensa. En esa perspectiva los primeros pobladores de ese nuevo espacio virtual podrían ser vistos como conejillos de indias de un laboratorio experimental puesto en marcha por intereses de la defensa, que necesitaba consolidar una red prebélica para uso civil, pero cuya razón de ser fundamental - en la mente de quienes la concibieron - no era otra que la defensa y el mantenimiento de las comunicaciones en caso de guerra. La entrega de esa red para uso de las Universidades no era sino un paso necesario para la consolidación de una tecnología de doble uso - civil y militar - en la que resultaba indispensable la generalización de su uso por la población, lo que exigía, evidentemente, dotarle de un contenido propio, no militar, sino civil y susceptible de interesar a la población. Esta es la aportación fundamental de los primeros pobladores o usuarios del cyberespacio: dotarle de una utilidad propia, dirigida a la satisfacción de las necesidades de comunicación de la comunidad científica, inicialmente, y después del resto de los usuarios que se fueron enganchando a la red.
El recuerdo de los orígenes de Internet, de su razón de ser inicial, sirve para alertarnos sobre los falsos espejismos acerca de la espontaneidad de los fenómenos; para no dejarnos arrastrar hacia la construcción del mito de un supuesto espacio virtual creado por la espontaneidad de una sociedad civil, libre de cualquier conexión con designios públicos.
En todo caso, la SI, que se ha puesto en marcha con la existencia de un medio de intercomunicación tan poderoso y tan versátil como es Internet, si tiene un futuro es sobre la base del uso civil del cyberespacio y la explotación de las posibilidades que tiene para contribuir al desarrollo de la persona humana y de todas sus potencialidades. En esa perspectiva civil, corresponde a la sociedad civil, en su espontaneidad, dar un sentido al uso de ese formidable instrumento. Internet, como por cierto ha ocurrido en la historia como muchos nuevos inventos, es útil, en la medida en que los hombres de forma espontánea le dan un uso que tal vez no estaba en la mente de quienes pusieron en marcha la técnica de la comunicación digitalizada. Así deberá continuar siendo en el futuro.
Por otra parte el carácter aparentemente interpersonal que revisten tales comunicaciones, aconsejan darles un tratamiento en el que prime el respeto a la intimidad de las personas y se apliquen las mismas técnicas que en el pasado se han utilizado en relación con el Correo y con el teléfono, configurándolos como ámbitos privados en los que ningún papel correspondía a los Estados, salvo en lo relativo al establecimiento mismo de las redes que hicieran posible la comunicación, pero nada más por lo que se refiere a los contenidos con la sola excepción de la intervención judicial por razón de la comisión de delitos.
Ese mismo modelo de libertad debería aplicarse al desarrollo del cyberespacio. Sin embargo inmediatamente surgen dos tipos de reflexiones en cuanto al papel que puede representar lo publico, la presencia de los Estados, en relación con Internet.
La primera reflexión tiene que ver con lo mismo que se ha producido históricamente con los demás medios de comunicación humana: El Estado no puede desentenderse de la persecución de los delitos y del establecimiento de unas reglas de juego mínimas para asegurar el imperio de la Ley y del derecho, por ejemplo, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por particulares a través del cyberespacio. A la vez esa intervención pública debe tener claros límites en una actividad tan ligada a las libertades y derechos de las personas.
La segunda reflexión tiene que ver con la capacidad de la sociedad civil, dejada a sí misma, y al libre juego de las fuerzas que en ella existen, para asegurar la igualdad de oportunidades de los individuos y de las naciones en el acceso al cyberespacio. Una de las más terribles sombras que acompañan a cada nuevo invento del ingenio humano, es que abre un nuevo horizonte de posibilidades para muchos, pero simultáneamente constituye una amenaza de erigirse en fuente de nuevas discriminaciones. Un foso más amplio entre quienes pueden tener acceso al nuevo invento y quienes no tiene iguales posibilidades de acceder a él, añadiendo así, un nuevo factor de diferenciación.
A este respecto puede temerse, con todo fundamento, que el cyberespacio entregado a la espontaneidad de las fuerzas sociales, acabará estando regido por la lógica del mercado, que terminará por determinar todo el funcionamiento de tal cyberespacio. A los Estados o a las Instituciones públicos corresponde conjurar ese riesgo mediante la definición del papel que les corresponde en ese cyberespacio. Papel que no puede limitarse al de guardián del orden publico o de la persecución de los delitos, sino a garantizar reales posibilidades de acceso para todos a informaciones y comunicaciones de interés para la formación de la persona humana, cualquiera que sea el lugar del mundo en que se encuentre, que contribuyan al desarrollo de su personalidad sin distinción de lugares o territorios. Los peligros relacionados con un abandono del espacio que lo público debe de ocupar en la SI son de diverso tipo y se verán a continuación. Por ahora lo que debe subrayarse es que hay, que debe haber, un papel para lo público en la SI.
De otro modo la espontaneidad de las fuerzas sociales no garantizará que los beneficios de la SI se extienden, dentro de cada Estado, a todos los puntos del territorio y, dentro de nuestro planeta, a todos los Continentes en igualdad de condiciones.
II - EL PAPEL DE LO PÚBLICO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
La construcción de la SI y del principal de sus instrumentos - Internet o las demás redes más o menos abiertas que puedan existir - no es el resultado de la pura espontaneidad social. La SI se enfrenta a una serie de peligros que tienen que ver con la garantía del acceso de todos a sus beneficios y con evitar que se ahonden las diferencias entre clases sociales y entre partes de la humanidad dividida entre los que pueden acceder con facilidad y los que no. En segundo lugar están los peligros que tienen que ver con el abuso de la SI y con los delitos que a su través se puedan cometer.
Estos últimos son los peligros de los que más frecuentemente se habla. En relación con ellos y con el papel que corresponde al Estado en su solución, se produce un cierto debate. Ese debate esta oscureciendo, probablemente, lo que debía ser el primer debate acerca de la garantía del acceso de toda la humanidad a los beneficios de la SI en vez de limitarse a discutir sólo el papel de los Estados como garantes del cumplimiento de la Ley, por importante que esto último sea.
Una sociedad de la información para toda la humanidadLa creación de un cyberespacio para toda la humanidad no es algo que pueda resultar del puro juego de las fuerzas sociales o del mercado. En el interior de los Estados se plantea la necesidad de garantizar la extensión de las comunicaciones a todo el territorio de los mismos, de forma que ningún ciudadano quede disminuido en sus posibilidades de comunicación en función del territorio en el que vive. La solución para eso pasa por lo que se ha denominado, al menos en USA, en la UE y en muchos países latinoamericanos, el servicio universal. Esto es la garantía de que las telecomunicaciones llegan a todas las partes del territorio y a todos los ciudadanos en condiciones asequibles y similares. En definitiva dado que, en un contexto de liberalización, el mercado no asegura, ni tiene por qué hacerlo, de forma benéfica y altruista condiciones de igualdad de acceso a los servicios, estas se imponen mediante la creación de un fondo común para que todos financien el sobrecosto que pueda suponer asumir esa obligación de servicio público que es el servicio universal.
La cuestión consiste en la satisfacción de esa necesidad de garantizar la igualdad de todos, con independencia del lugar en que se viva, se enfrenta a dificultades que no son fáciles de resolver en el seno de cada Estado y que carecen de respuestas concretas en la perspectiva mundial.
Empezando por esto último resulta que la idea del servicio universal trata de garantizar condiciones de igualdad para todos los ciudadanos de cada Estado, pero no se preocupa de lo que ocurre con las poblaciones que viven fuera de cada Estado. El servicio universal puede ser una solución para la igualdad dentro de un país, pero no asegura la universalidad a nivel mundial. No hay así un mecanismo para asegurar que la SI, que debía ser mundial, se extienda de modo efectivo por todo el planeta.
He aquí una primera reflexión y un primer deber para los Estados y para los Organismos Internacionales: establecer mecanismos mundiales de servicio universal para hacer posible una SI para toda la humanidad. La razón para esa reflexión no debe ser sólo una convicción moral, sino también la conciencia de que para construir la SI hay que ocupar y utilizar bienes que son de toda la humanidad y que, por tanto, comportan una obligación de que su uso beneficie a toda la humanidad. Es el caso de la utilización del espacio exterior para colocar satélites geoestacionarios o de baja cota o del espectro radioeléctrico; tal utilización debe revertir en beneficio de toda la humanidad y sin duda revertirá. En ese sentido suele decirse que los satélites de baja cota permitirán que la extensión del teléfono en continentes como Africa no sea tan costoso, como el despliegue de las redes que existen en otros países.
En todo caso, del servicio universal en el interior de cada país, habría que pasar al servicio universal en sentido propio o estrictamente universal, es decir el que se refiere a que toda persona, sea cual sea el lugar del planeta en que viva tenga acceso a los bienes de la SI. Se trata de un problema económico, político y ético. Por tanto apropiado para un foro como el que propicia la UNESCO bajo el nombre de "Infoética". Pues bien nada hay más evidente en una perspectiva ética que la obligación de implantar en la conciencia colectiva que los beneficios de la nueva sociedad deben extenderse a toda la humanidad. Ese debe ser un principio. Un principio que no resulta del juego de la pura espontaneidad social o del mercado, sino del compromiso consciente de los Estados y de las Organizaciones Internacionales para conseguir su reconocimiento.
Porque de lo que se trata, en un primer momento, es de su reconocimiento. Su implantación, luego, podrá admitir modulaciones dirigidas a evitar excesos como el de que se tenga antes acceso a la SI, cuando todavía no se tiene garantizada la salud, la educación ordinaria o la subsistencia como nos lo recuerdan las hambrunas que continúan asolando el planeta. Habrá que jerarquizar esfuerzos y priorizarlo; pero sería conveniente que desde los comienzos de la SI se tuviera presente la necesidad de hacer participes de sus beneficios a toda la humanidad. Después, en su implantación, habrá que ir modulando el alcance de dicha exigencia y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada país y su capacidad de absorción real y de adaptación a las nuevas tecnologías. Las diferencias de renta y riqueza entre las Naciones obedecen a complejas razones que se hunden profundamente en la historia y en razones culturales de todo tipo; pero las tecnologías de la información son tan recientes que en el momento en que empiezan a desplegarse por el planeta, merece la pena hacer el esfuerzo de pensar en términos de humanidad en unos medios cuya razón de ser, cuya etimología incluso, hace referencia a la comunicación a la aproximación, entre los que están distantes. En esas condiciones no se puede olvidar a quienes están distantes en el espacio, en el tiempo, en la cultura o en las condiciones de riqueza. No se puede evitar proclamar el principio de un servicio universal para la humanidad, con independencia del ritmo de su implantación.
En lo que hace a las dificultadas que en el seno de cada Estado está encontrando el servicio universal, la más destacable, aparte del retraso teórico en su efectiva implantación, está en la definición de los servicios que deben incluirse en el concepto de servicio universal. Entre ellos, al menos en la UE, se incluye el teléfono, fax y los datos en banda vocal con una capacidad limitada. Ello supone que el acceso a los beneficios plenos de la SI quedan limitados por el uso del módem, lo que es tanto como decir que supone que los beneficios plenos de la digitalización de las señales no benefician a determinadas, zonas pues la capacidad y rapidez de manejo que comporta no quedan asegurada plenamente.
Para evitar esas consecuencias se está tratando de que la educación y la sanidad reciban un trato especial que implique la inexistencia de diferencia en unas prestaciones tan sensibles para el Estado de Bienestar. En todo caso, son estos, de forma muy resumida, los retos a los que debe hacer frente la idea de servicio universal si quiere responder adecuadamente a las necesidades de igualación en el interior de cada Estado.
Ello no impide constatar que, en el plano internacional, no existe ningún mecanismo que permita que los beneficios de la SI se extiendan a todo el planeta. Lo que resulta relevante es que precisamente Internet parecería que abría expectativas de que las diferencias entre Naciones se podían reducir desde el punto de vista de las oportunidades de acceso a las fuentes de información y de formación desde países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El teletrabajo o la educación a distancia permitirían disminuir las diferencias o al menos abrir oportunidades antes insospechadas a personas que no podían esperar, sin salir de sus países, niveles de formación e información, antes insospechados.
Para que esa esperanza no se frustre es preciso que las redes de la SI lleguen a todos sitios, en condiciones suficientemente atractivas como para estimular el uso de las nuevas tecnologías. Ahí está, pues, el primer reto que los organismos públicos nacionales o internacionales tienen que asumir para conseguir que la SI pueda llegar a ser un eficaz instrumento de igualación de oportunidades.
Pero asegurar que la SI pueda llegar a ser accesible para toda la humanidad en condiciones más o menos semejantes no supone la solución de todos los problemas, sino solo situarse en un escenario en el que se puede empezar ya a profundizar en exigencias más complejas. En efecto, la garantía del acceso a los instrumentos más característicos de la SI, como es el caso de Internet, no hace sino plantear problemas muy serios sobre los contenidos de lo que se puede llegar a conocer a través de la SI. De entre los numerosos problemas o desafíos de la SI entresacamos dos que, en este punto, merecen subrayarse y que plantean la cuestión de la libertad en la misma.
El primer problema que se tendrá que afrontar es el de la mercantilización de una parte de la información o su sometimiento a reglas semejantes a las que han permitido en muchos países financiar la televisión pública acudiendo a la publicidad y las consecuencias y soluciones que para ello existan.
El segundo problema es el de la tendencia que pude existir para controlar o dirigir las informaciones que se consultan o lugares que se visitan a través del dominio y control de programas de software como buscadores o navegadores.
Sobre la dinámica de mercantilización.Uno de los mayores atractivos de Internet, en relación con uno de los servicios más difundidos, la WEB, consiste en la visita gratuita de lugares en los que se puede encontrar la información que se desee en forma de imagen, sonidos o textos. Es posible que ese tipo de información esté llamado a disminuir para ser sustituido por informaciones, datos o archivos de todo tipo que se obtienen a partir de una suscripción o pago de una determinada cantidad para acceder a la información. También se maneja la posibilidad de introducir la publicidad en la red a cambio de su gratuidad. De esa forma se conseguiría disminuir los costes de difusión de bienes, servicios y productos por la red, a cambio de soportar que durante un cierto tiempo tenga que esperase a que el anuncio publicitario, correspondiente termine de pasar. Si eso llegara, en efecto, a ocurrir estaríamos en el principio de una nueva segregación. Se habría puesto precio al acceso a los contenidos de la SI.
Podría correrse el riesgo de que haya una información de primera y una información de segunda con menos interés o mal organizada y difícil de acceder a ella. La dinámica de la red, entregada a sí misma, conduce a su sometimiento a las reglas de mercado y con ello a una segregación social dentro de cada país y también entre países.
Este riesgo pone de relieve la necesidad de sostener un papel para lo público, un papel para los Estados u organismos de naturaleza pública, que defenderían la puesta en la red, de forma gratuita, de productos culturales, científicos e informativos de calidad, con una organización clara y accesible para todos, nacionales o no del país respectivo. El papel de lo público aparecería de nuevo como corrector del mercado, por otra parte muy positivo en muchos aspectos, pero que en otros puede presentar características perversas, derivadas de que no se puede pedir al mercado que cumpla papeles o finalidades que vayan más allá, o sean contradictorias, con el ánimo de lucro que legítimamente le inspira. Sólo los Estado o los organismos públicos internacionales pueden acometer tareas inspiradas en un "ethos" distinto del ánimo de lucro. Tareas inspiradas en la solidaridad, tanto a nivel de los ciudadanos de cada país, como entre los ciudadanos de distintos países del mundo.
La popularidad de Internet, además de fundarse, en servicios como el correo electrónico o los "chats", en los que el protagonismo de los contenidos corresponde a la iniciativa de los usuarios, se funda en la posibilidad de acceder a documentos del más diverso tipo o informaciones sobre los mas variados aspectos en condiciones de gratuidad, comodidad y facilidad, nunca hasta ahora imaginadas. Los sitios en los que es necesario abonar una cantidad existen desde luego, pero no impiden que hoy en día pueda "navegarse" gratuitamente por la mayor parte de los sitios de la red. La cuestión es si, en el futuro, una vez que la conexión a la red o a la SI se siente como una necesidad, puede haber llegado el momento de que se exija pagar para acceder a determinados sitios y se esté dispuesto a pagar. Ello puede conllevar el riesgo de una dualización social: los que pueden pagar para acceder y los que no.
En estas condiciones el papel de lo público consiste en suministrar de forma gratuita información de interés y favorecer que empresas y entidades que dependen de programas gubernamentales abran su información de forma gratuita en la red, de modo tal que siempre exista una información de calidad que impida fenómenos de segregación o marginación, aspecto sobre el que luego se volverá.
Control o dirigismo de la información
Uno de los mayores problemas de la SI y de Internet - como uno de sus instrumentos más característicos - es el de la abundancia de información. Esto, que constituye una de sus virtudes, se puede acabar transformando en uno de sus mayores inconvenientes. En efecto el volumen de la información es tan grande que una persona normal no puede dedicar la mayor parte de su tiempo en decidir que información es la que realmente le interesa y como la jerarquiza en importancia.
En ese papel no cabe duda que le ayudan los buscadores más conocidos. Estos le proporcionan un número importante de documentos sobre una cuestión. Supongamos que 500 documentos. El usuario empieza a abrir los primeros 10 haciendo, de entre ellos, una elección aproximada de los que le parecen más interesantes. Probablemente nunca pasara del segundo grupo de 10. Ello supone que el orden con que son presentados los documentos determina la accesibilidad de la información. Pues bien, la determinación de cuando se sitúa una información entre los 10 o 40 primeros o en posiciones mas atrasadas condiciona y dirige la opinión y condiciona la libertad del usuario sin percatarse apenas de ello.
Sería conveniente establecer transparencia en los buscadores a la hora de presentar las selecciones y explicar la forma en la que se hace la ordenación, así como si está determinada por razones comerciales o publicitarias o el pago de un precio o si responde a criterios estadísticos por ejemplo la frecuencia en el uso de una palabra que puede determinar actividades de contraprogramación para conseguir los primeros lugares.
Todo esto pone de relieve los riesgos que la SI puede tener para la libertad, así como la necesidad de estar muy vigilantes a ese respecto.
La concurrencia de buscadores diferentes en el mercado puede ser una solución, pero también debería pensarse en la posibilidad de que se incentive desde los poderes públicos instituciones sin ánimo de lucro que puedan colaborar en esa tarea de jerarquizar el inmenso volumen de información que existe en la SI. En todo caso que puedan ofrecer un análisis critico de la forma como se jerarquiza la información.
En cualquier caso la cuestión presenta más importancia de la que puede pensarse ante la tendencia que puede advertirse a la concentración, integración y el monopolio de los programas de software capaces de navegar y de buscar en la "web". La reciente demanda del Gobierno de USA contra MICROSOFT pone de manifiesto, la sensibilidad ante fenomenos de integración de productos y servicios que pueden ser entendidos como indicio de un abuso de posición de dominio. Sin entrar ahora en el fondo de la cuestión, ni en los fundamentos o justificaciones de la integración en un mismo producto de la capacidad para hacer cosas diferentes ( integración de sistemas operativos y navegadores fundamentalmente), es lo cierto que esa cuestión no sólo puede ser enfocada desde la perspectiva del derecho de la competencia, sino también desde la perspectiva de la libertad real de la información por parte de un público que necesita apoyarse en instrumentos de software que pueden tener tendencia al monopolio o al oligopolio. Ello supone que el acceso a la información puede llegar a ser mediatizado si acaban integrandose los sistemas operativos, con los navegadores y los buscadores.
La SI, como cualquier otro aspecto de la vida actual está sometida a riesgos parecidos , pero en la medida en que aquí se trata del acceso a la cultura y a la información en sus más diversas formas, la cuestión es si todo esa promesa de una nueva sociedad puede llegar a quedar meditizada, al menos parcialmente, por la necesaria intervención de grandes Corporaciones que ofrecen productos o servicios que pueden interferir la libertad de eleecion de los usuarios y de la humanidad toda ella.
Las reflexiones anteriores conducen, en definitiva, a la conclusión de que sigue existiendo un papel para lo público en la SI. Un papel de garante de la neutralidad y de la transparencia de los que intervienen como mediadores necesarios de la SI. Un papel también, tal vez, de oferente de servicios de orientación en la "web" por parte de instituciones públicas - dotadas del estatuto de agencias independientes y pluralistas- o de promoción de esa actividad por parte de instituciones sin ánimo de lucro o que si lo tienen estén sometidas a un sistema de controles que eviten que pueda producirse un dirigismo en la SI.
Las soluciones pueden ser , por tanto, diversas, pero lo que no puede es desconocerse los riesgos que existen en la SI y que no se agotan en la persecución de los delitos, sino que tratarían de garantizar que la tal sociedad esta realmente abierta para todos y que tiene un funcionamiento transparente, objetivo y neutral respecto a las preferencias de los usuarios.
UN MODELO DUAL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.Se pretende, por tanto defender un papel para lo público en la SI. Un papel que no es incompatible con las funciones tradicionales que deben acometer los Estados desde el punto de vista de la persecución de los delitos, la defensa de la ley o la exigencia del cumplimiento de lo acordado por cualquier medio, incluidos los propios de la SI.
En la perspectiva en la que nos situamos no se pretende tratar la cuestión de los derechos de los Estados para perseguir la pornografía infantil o los contenidos nocivos o ilícitos en Internet (como hace la UE ), aspectos que serán sin duda objeto de otras intervenciones, sino de plantear la cuestión relativa al papel positivo de los poderes públicos, de los Estados, de las Organizaciones Internacionales o de las organizaciones o Agencias que puedan crearse con estatuto público o semipúblico, para asegurar - en positivo - una presencia pública en la SI que no se limite a la tarea represiva o vigilante por razones de seguridad o prevención de los delitos.
Hay un papel positivo para los Estados en la SI. Lo hay en la construcción de todo el sistema de infraestructuras y en la vigilancia de la inexistencia de abusos de posición dominante de todos los que intervienen en el correcto funcionamiento de dicha sociedad. Pero lo hay, además, garantizando la realidad de la igualdad de oportunidades para sus nacionales y también, de modo reflejo o de modo consciente, para todos los ciudadanos del mundo. Esa igualdad se consigue no sólo en el acceso a la SI, esto es la conexión a las redes que la hacen posible, sino también en el acceso a contenidos de interés que coloquen a los usuarios y ciudadanos en condiciones de igualdad con aquellos que puedan suscribirse a servicios de pago que ofrezcan productos de calidad. Se trata de que los organismos públicos cualquiera que sea su organización ( directamente pública, semipública o como agencias independientes ) asuman como tarea la de ofrecer información de importancia y calidad en la red de forma libre y gratuita de modo que el acceso a la SI sea de interés para todos con independencia de su capacidad económica.
Mejorar la oferta de información pública.Es mucho lo que pueden impulsar los poderes públicos para hacer de la red y de la SI un instrumento interesante para todos de información, formación y entretenimiento. A título de ejemplo puede enumerarse distintas medidas que pueden mostrar la utilidad de acceder a la SI.
En primer lugar es preciso desarrollar el uso de la SI para facilitar la transparencia del funcionamiento de nuestra democracia o utilizarla como vehículo de participación y de relaciones con las Administraciones públicas.
En segundo lugar es preciso utilizar los instrumentos de la SI como lugares de información de decisiones o documentos de importancia.
Finalmente debería de incentivarse la colocación en Internet de informaciones que, aún no siendo directamente públicas, provienen de empresas o entidades que, de alguna forma, reciban apoyos, subvenciones o cualquier clase de ayudas de los Poderes públicos.
La implantación de las medidas que,a título de ejemplo y sin animo de ser exhaustivos, se acaban de enumerar, supondría un incremento de la utilidad que los ciudadanos perciben por el uso de los instrumentos de la SI lo que implicará una utilización de la misma y la adquisición de una cultura de la comunicación y del interés por las posibilidades que abren las nuevas tecnologías.
La utilización de las tecnologías de la información, como vehículo de relación con las Administraciones públicas o de participación democrática o de transparencia de la misma, puede conseguirse con medidas tan sencillas como la de hacer posible el acceso a información de interés para los ciudadanos que diariamente producen todas las instituciones (entes locales o regionales, Administraciones centrales o poderes legislativo o judicial) situándola en los sitios oportunos y adecuados de la red, para que todo el que está interesado pueda fácilmente llegar a dicha información. En la actualidad muchos países ofrecen ya información de los trabajos parlamentarios, por ejemplo, que son accesibles no sólo a sus nacionales, sino a cualquiera que esté interesado en la cuestión de que se trate.
En los niveles locales la colocación en paginas web de noticias o resoluciones de interés contribuye también a mostrar la utilidad de la SI en hacer que las democracias actuales puedan ser más genuinas, en cuanto las decisiones se toman con conocimiento de todos los ciudadanos o, al menos, con la posibilidad de que todo el que tenga interés pueda conocerlas, sin que la distancia o las dificultades de búsqueda sean un obstáculo. Todavía hoy son muchos los países que no facilitan la difusión de sus normas a través de Internet a pesar de que tienen establecida la presunción de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. A pesar de ello, no facilitan el contenido completo de sus diarios oficiales donde las leyes y demás normas se publican como condición de su entrada en vigor.
Pero no es sólo en ese sector, sino en muchos otros donde el ofrecer en la red datos estadísticos completamente al dia, por ejemplo, de los distintos sectores de la vida nacional, puede hacer de la SI un vehículo que se sienta por la población como indispensable para su futuro.
En todos esos ejemplos se favorece el conocimiento y se favorece la democracia. Esta también se puede ver favorecida por la utilización de los medios de la SI para celebrar consultas públicas en los distintos niveles, locales, regionales o nacionales. Naturalmente que la complejidad de la vida moderna no hace fácilmente sustituible la democracia representativa - y determinadas consultas hechas con demasiada proximidad a los acontecimientos puede contribuir a excitar sentimientos pasionales en lugar de la reflexión a la que debe llamar una democracia madura-. Pero, sin perjuicio de las funciones insustituibles de una democracia representativa, la SI permite a los poderes públicos ensayar formas de participación que abren perspectivas y horizontes hasta ahora insospechados.
Finalmente se decía que los poderes públicos debían ser dinamizadores del uso de la SI exigiendo a todos aquellos que se relacionan con ellos o que perciben cualquier tipo de ayudas que ofrezcan al público informes sobre su actuación, sus documentos, objetivos etc. Siempre, naturalmente, salvaguardando la intimidad de las personas y sus derechos fundamentales.
No puede ignorarse tampoco las posibilidades que la SI abre a la educación mediante las tecnologías de educación a distancia. Educación que podría permitir por primera vez posibilidades reales de acceder desde cualquier parte del planeta a una educación de calidad que no tropieza con la insalvable en ocasiones barrera de la distancia.
Propiciar programas de educación a distancia para los alumnos de cada país acaba favoreciendo la posibilidad de acceder desde otros países, salvada la barrera de la lengua, a niveles de educación con calidad que no podía imaginarse.
El empeño de cada país en el desarrollo de ese tipo de programas se traducirá en posibilidades de educación para otros países con menor desarrollo, además de contribuir a un acercamiento entre los pueblos desde la juventud. Pero se trata de una tarea que corresponde primordialmente a los poderes públicos, que son quienes dentro de cada país pueden asumir una educación más costosa y a la que no acuden, en general, las capas sociales con más posibilidades económicas.
Ese papel de los poderes públicos en la educación constituye así uno de los grandes retos para los países desarrollados y puede llegar a ser una forma efectiva de cooperación al desarrollo de países subdesarrollado, más eficaz que las ayudas tradicionales.
Las reflexiones anteriores no suponen desconocer el papel que la iniciativa privada tiene en la SI. Papel totalmente insustituible y que es garantía de un autentico pluralismo. La iniciativa pública no trata por tanto de competir con la iniciativa privada sino de atender necesidades que esta no pueda cubrir o que no sea lógico que se le exijan.
Así pues debe reafirmarse la necesidad de la iniciativa privada en la SI, así como la libre competencia en la misma. El modelo que se propugna no trata de hacer incompatible o contrapuesta la actuación pública con la privada. Por el contrario de lo que se trata es de señalar su complementariedad y la conveniencia de que lo publico no se circunscriba solo a la vigilancia de los delitos que puedan cometerse en la SI, sino que se comprometa con ello. Así se lanza un mensaje al ciudadano de cada país y los ciudadanos del mundo de que las redes de la SI son un elemento de la cultura de nuestro tiempo de los que no se puede prescindir, pues la información pública es de por sí suficientemente rica e interesante como para justificar el acceso a la SI.
De lo que se trata en definitiva es de propugnar lo que en otros campos se ha denominado un modelo dual y complementario. La iniciativa privada juega un papel indispensable, con los medios que sean incluso mediante pago de determinadas cantidades por los usuarios. Simultáneamente los medios públicos ofrecen información y documentos de calidad y gratuitos que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos ante la SI.
Desde ese momento se quiera o no toda esa documentación está también accesible para todos los ciudadanos del mundo que quieran acercarse a ella. Así se contribuye también a acortar las diferencias, al menos en el acceso a las fuentes, entre países desarrollados y subdesarrollados.Se abre así una misión para el espacion público en la sociedad de la información que es en definitiva un espacio para la solidaridad.