Corte Suprema
de Justicia de
Paraguay,
Asunción












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En el mes de Mayo de 1954 el General Alfredo Stroessner encabeza un golpe de estado apoyado por un sector del Partido Colorado derrocando así al gobierno del Presidente Civil Federico Chávez. A partir de ese momento el Paraguay se sumió en una oscura época donde la represión en todos los campos llegó a su más alto grado, la cual debe ser analizada con profundidad tomando en consideración ciertos factores externos. En general, la historia de nuestro país está marcada por un común denominador: gobiernos autoritarios, interrumpidos por breves espacios temporales de libertad, cuyos líderes, figuras fuertes todos ellos, hicieron posible el mantenimiento de largas dictaduras como la del Gral. Stroessner.

Este período dictatorial tiene características similares a las de otros gobiernos latinoamericanos quienes seguían con firmeza la "Doctrina de la seguridad nacional" implementada en tiempos de la Guerra Fría, resultado del enfrentamiento de dos grandes bloques, uno de ellos encabezado por los Estados Unidos de América y sus aliados, el otro por la Ex Unión Soviética y países satélites que en conjunto constituían el denominado pacto de Varsovia. Dicha doctrina se fundamentaba en la búsqueda de la recuperación del "ser nacional" y daba como supuestas consecuencias directas la "seguridad" y el "desarrollo". En la búsqueda de estos conceptos y abanderándose con el título de "nacionalistas" implementaron sistemas complejos de represión y control en todos los ámbitos para lograr la vigencia de dicha seguridad erradicando la subversión y las causas que favorecían su existencia, apoyándose en esta teoría se vieron investidos con la autoridad suficiente como para ser justificados en sus métodos antisubversivos. Como equivalentes de la palabra subversión se han impuesto sinónimos como el de "comunista" o "terrorista" con el objetivo de encasillarlos como enemigos del gobierno y por lo tanto de la Nación. La represión a estos estaba institucionalizada, la tortura física y psíquica eran métodos comunes a los que aquellos que no apoyaban al régimen eran sometidos. Penas crueles y degradantes, sin real cumplimiento de las garantías básicas legales y sobre todo sin el más mínimo respeto a los Derechos Humanos.

Con respecto al desarrollo encontramos una desmedida campaña de construcción de caminos, edificios, y escuelas en contraposición a la mala calidad educativa, el desvío de fondos públicos y el prebendarismo.

El gobierno dictatorial destruyó la cultura y la identidad de todo un pueblo al tratar de volcarlo a una línea de pensamiento y acción de acuerdo a sus intereses. El régimen cayó con el Golpe de Estado patrocinado por un sector de las fuerzas armadas al mando del Gral. Andrés Rodríguez, el cual fue electo Presidente de la República en el mismo año.

A partir de ese momento comienza en el Paraguay una era de libertades antes desconocidas, se rehabilitaron los derechos civiles y políticos antes vedados, y la conciencia ciudadana comienza a renacer.

En 1992, bajo el gobierno de Andrés Rodríguez se convoca a elecciones y se elige una Asamblea Nacional Constituyente la cual tras meses de estudio promulga la nueva Carta Magna de la República del Paraguay que anula la anterior de 1967.


EL DESCUBRIMIENTO DE LOS ARCHIVOS

A. 22 de diciembre de 1992 es allanado el Departamento de Producciones de la Policía, situado en la ciudad de Lambaré a 4 km. de la Capital. El procedimiento ha sido dirigido por los Doctores José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera, jueces del Segundo y Tercer Turno en lo Criminal. El 24 de diciembre de 1992, es allanada la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocida como "La Técnica". El procedimiento fue dirigido por el Dr. Luis María Benítez Riera juez del Segundo Turno en lo Criminal. Los documentos secuestrados en esa oportunidad datan de los años 1958 hasta aproximadamente 1965 (primeros años de funcionamiento de la Dirección, Fichas de Detenidos Políticos y documentos personales del Director de la misma Antonio Campos Allum.

B. Posteriormente se realizan dos allanamientos más, el primero en el mes de enero de 1993, al Departamento Judicial de la Policía y el segundo a la Comisaría Tercera. De dichos lugares se secuestran documentos, libros y fichas no solamente de detenidos políticos sino también una gran cantidad de documentos y fichas que hacen referencia a detenidos comunes.

C. Desde el mes de enero de 1993 se inician los trabajos de inventario de los materiales requisados. El equipo de trabajo estaba conformado por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, Fiscales, Asistentes del Ministerio Público, Miembros de ONGs. como CIPAE (Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia) CDE (Centro de Documentación y Estudios), víctimas y familiares. Esta tarea se da por terminada en la primera quincena de marzo. El día 5 de febrero se habilita la Oficina 08-13, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, destinada al Depósito de los Documentos Incautados.

D. El día 21 de febrero La Corte Suprema de Justicia junto con el Ministerio Público firman un convenio con la Agencia para el desarrollo internacional (A.I.D) de la Embajada de los >Estados Unidos (U.S.A.I.D).

E. El 26 de marzo la Corte Suprema de Justicia dicta la resolución No. 81 en la cual se nombran los Directores y el equipo de trabajo para la realización del Convenio.

F. En fecha 2 de abril comienzan los trabajos en el marco del Convenio firmado por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y la A.I.D.

G. El 31 de diciembre de 1993 se culminan los trabajos en el marco del Convenio firmado con la A.I.D. Entrega del Informe Final.

H. En el año 1994, el CdyA permaneció abierto al público con un Encargado designado por la Corte Suprema de Justicia, hasta que el 29 de noviembre del mismo año se firma un Convenio de Cooperación entre la misma y el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia. (CIPAE). En la misma fecha, se confirma por resolución No. 810 el nombramiento del Centro de Documentación y Archivo: Dr. José Agustín Fernández y Dr. Luis Ma. Benítez Riera.

I. En el año 1995, la Corte Suprema de Justicia por resolución No. 217 designa a quienes serian los encargados en el marco del Convenio con el C.I.P.A.E.

J. 1996. Se renueva convenio con CIPAE

K. Se trabaja con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia




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