La libertad de expresión es un derecho fundamental, indispensable en las sociedades democráticas. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, y puede ser restringido legalmente según ciertos principios y condiciones. Según el derecho internacional de los derechos humanos, y en concreto el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ciertos tipos de discurso deben ser prohibidos por la ley. La incitación al odio es un ejemplo de discurso no protegido. El Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas establece un conjunto completo de factores para que los Estados aborden esta cuestión, y traza una línea clara entre la libertad de expresión y la incitación al odio y la violencia.