Panamá avanza en legislación de acceso a la información

A petición de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información (ANTAI), la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe brindó apoyo técnico en la revisión de la legislación al equipo conformado por miembros de ANTAI y de la Presidencia de Panamá. Además, la UNESCO colaboró con la recolección de comentarios en el territorio de múltiples actores y partes interesadas externas, incluidos asesores/as del poder ejecutivo, especialistas de la sociedad civil e integrantes de la comisión relevante en la Asamblea Nacional. De aquí en más, la ANTAI y sus socios locales continuarán el proceso para su aprobación en el Gabinete de Ministros de la Presidencia y su presentación a la Asamblea Nacional.

Cabe destacar que Panamá fue pionera en la sanción de su norma de acceso a la información pública a comienzos de los años 2000 con la Ley No.6 del 2002. En la actualidad, esta legislación quedó desfasada con respecto a los avances en la materia y a los estándares internacionales establecidos tanto en la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública (del 2010) como a la Ley Modelo Interamericana 2.0. sobre Acceso a la Información (del 2020), ambas elaboradas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en consulta con especialistas y órganos garantes del derecho de información.

La sanción de normativas de acceso a la información pública suelen ser procesos complejos en todas las regiones del mundo. A nivel gubernamental se ha logrado alcanzar consensos sobre el acceso a la información como un derecho humano y sobre cómo la transparencia, la rendición de cuentas y el escrutinio público mejoran el funcionamiento de las instituciones y de la democracia. Sin embargo, continúan habiendo dificultades y obstáculos para que los consensos se traduzcan en leyes y también para reformar aquellas existentes.

En este sentido, el proceso de reforma iniciado en Panamá constituye una ventana de oportunidad para trabajar en proyectos robustos y transformadores que puedan reflejar no sólo lo establecido por la Ley Modelo Interamericana sino incluso, superarla, por ejemplo al incorporar artículos sobre transparencia en el uso de inteligencia artificial en el sector público.

La asistencia técnica que la UNESCO brinda a la ANTAI se enmarca en el trabajo realizado en torno a la temática sobre legislación de acceso a la información pública y más específicamente sobre el monitoreo y reporte global en torno al indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta asistencia técnica complementa el apoyo brindado por la UNESCO a la ANTAI y otros órganos garantes de la región para promover el ejercicio del derecho de información por integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad, más específicamente por comunidades de pueblos originarios o indígenas, mediante un taller realizado en agosto de 2022.

Durante 2020 la ANTAI inició un proceso de consulta virtual para la mejora de la Ley No 6 sobre acceso a la información pública. A partir de esta iniciativa, la UNESCO invitó a una delegación panameña al Taller multi-país sobre “Ley Modelo 2.0 y Reformas Legislativas sobre Acceso a la Información Pública”, realizado conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de Ecuador en Quito (Ecuador, 20 de septiembre 2022).

El anteproyecto, en línea con los estándares internacionales y los reflejados en la Ley Modelo 2.0 de la OEA, está siendo discutido con actores claves del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la sociedad civil para luego proceder con los pasos necesarios para su debate por la Asamblea Nacional.

La participación de todos los actores involucrados en los procesos de consulta sobre el anteproyecto es clave para garantizar su eventual aprobación y sostenibilidad en el tiempo.

La Ley Modelo Interamericana 2.0. sobre Acceso a la Información, elaborada por la OEA con la participación activa de los órganos garantes de la región en el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) propone una línea de base para la redacción de nuevas normas.

En este sentido, se destaca como avance el capítulo sobre clasificación de información y los plazos establecidos. Sin embargo, uno de sus mayores aportes radica en las disposiciones sobre “transparencia activa”, por la cual los organismos y los sujetos obligados publican en línea información relevante, tanto vinculada a su gestión como a datos más específicos de sus programas, proyectos y funciones.