Elaboración de políticas informadas sobre los riesgos para fortalecer la resiliencia de los edificios a los terremotos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclamada en 1948, afirma que "todos los individuos tienen derecho, así como su familia, a un nivel de vida que asegure su salud y bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales fundamentales" (artículo 25).

La seguridad en el entorno construido es, por tanto, un derecho inherente. 

Se prevé que las infraestructuras mundiales se dupliquen en las próximas décadas debido al aumento de la urbanización y el crecimiento de la población. Esto conllevará retos en términos de seguridad, accesibilidad y resiliencia, junto con una creciente vulnerabilidad a los riesgos climáticos y de desastres, en función de la ubicación y las normas de construcción de los edificios. Esta vulnerabilidad se intensifica aún más en los asentamientos no regulados e informales, donde los edificios se construyen densamente en lugares peligrosos, utilizando materiales de construcción de calidad inferior y en ausencia de prácticas seguras de diseño y construcción. 

En consecuencia, el objetivo de garantizar el acceso universal al derecho a un entorno construido seguro sigue siendo un objetivo a largo plazo.

La elaboración de políticas informadas sobre el riesgo sienta las bases de medidas proactivas y específicas para mitigar el impacto de los eventos sísmicos. Al incorporar evaluaciones exhaustivas del riesgo sísmico a la elaboración de políticas, los países pueden asignar recursos estratégicamente, priorizar las zonas vulnerables y establecer y hacer cumplir normas de seguridad para los edificios. Este enfoque no sólo mejora la resiliencia de las comunidades, sino que también orienta la planificación a largo plazo, influyendo en factores como el uso del suelo y el diseño de los edificios. 

Además, las políticas informadas sobre riesgos contribuyen a la conciencia pública y la educación, capacitando a las comunidades para tomar medidas preventivas. Además, facilitan el desarrollo de mecanismos de seguros y financieros efectivos para la recuperación post-sismo. En un mundo interconectado, estas políticas también fomentan la colaboración internacional, permitiendo el intercambio de mejores prácticas y el fortalecimiento colectivo de los esfuerzos globales de resiliencia ante los sismos. En general, la elaboración de políticas informadas sobre riesgos es indispensable para garantizar la seguridad, sostenibilidad y preparación de las regiones propensas a sismos.

En un primer momento, se llevó a cabo una amplia revisión normativa para conocer a fondo el marco regulador vigente en cada uno de los cinco países participantes en este componente. Posteriormente, se elaboró meticulosamente un cuestionario que se distribuyó al representante designado de cada país. 

Las respuestas al cuestionario permitieron examinar a fondo toda la estructura jurídica relativa a la normativa sobre construcción. Esto incluía elementos como el aspecto legal y administrativo (es decir, leyes, decretos, partes interesadas, formas y tipos de sanciones), seguido de códigos y normas y medidas de control de la construcción (es decir, permisos para edificios, inspecciones antes, durante y después de la construcción). También abarcaba la normativa sobre reforzamiento, mantenimiento y ordenación del territorio. También se incorporaron valiosas ideas recogidas de comentarios académicos y de los medios de comunicación. 

Las recomendaciones preliminares, derivadas del análisis exhaustivo, se presentaron en una mesa redonda. Este encuentro reunió a todos los puntos focales de cada país, promoviendo un diálogo integrador y dando lugar a las recomendaciones finales.

• Reglamentos de construcción: 
  En general, los procedimientos de regulación de la construcción son similares en los cinco países, con algunas diferencias en Cuba, en gran parte debido a que su sistema político difiere del de los otros cuatro países.

• Permisos de construcción: 
  Todos los países disponen de un marco legal que incluye procedimientos reguladores para los permisos de construcción y los permisos de inspección de finalización/ocupación. No obstante, todos los países expresaron su preocupación por la inadecuada aplicación y cumplimiento de la normativa, lo que da lugar a problemas como la construcción sin permisos.

• Modificaciones posteriores: 
  Otra preocupación frecuente planteada por numerosos países en relación con los permisos es la modificación del diseño del edificio tras haber obtenido los permisos necesarios.

• Códigos y normas: 
  La situación de los códigos y normas también es comparable entre los cinco países. Todos los países reconocen sistemáticamente la existencia de problemas relacionados con la normativa de construcción, como las construcciones que no cumplen los códigos, las construcciones autoconstruidas/informales y el uso de materiales de baja calidad.

• Requisitos y cualificaciones: 
  La mayoría de los países tienen normativas estrictas que establecen los requisitos y cualificaciones necesarios para diseñadores, inspectores y contratistas. Aun así, los países indicaron que los propietarios suelen contratar a personal sin la cualificación requerida, lo que pone en peligro la seguridad y el cumplimiento de las normas establecidas.

Se propusieron cuatro enfoques a las principales partes implicadas en el proceso de construcción: propietarios, contratistas, diseñadores, supervisores, proveedores de materiales y fabricantes, y autoridades reguladoras.

Tres de estos enfoques se basan en un análisis "voluntad propia", y uno en requisitos legales:

• Voluntad propia: 
  Se refiere a la situación en la que las principales partes interesadas cumplen de forma voluntaria y proactiva la normativa de construcción sin presiones externas ni medidas coercitivas.
• Fomento de la voluntad propia: 
  Se refiere a animar activamente a los principales interesados a cumplir la normativa de construcción sin presiones, lo que conduce a una adhesión proactiva. Por ejemplo, en varios países, los procedimientos complejos, poco claros y lentos suelen disuadir a los propietarios de solicitar permisos de construcción. En tales casos, simplificar y hacer más transparentes los procedimientos podría ser decisivo para mejorar la propia disposición.
• Presión de otras partes interesadas para seguir la normativa: 
  Se refiere a cuando entidades externas animan u obligan activamente a los principales interesados implicados en el proceso de construcción a seguir la normativa de edificación. Por ejemplo, las entidades financieras o los proveedores de servicios, como los gestores de agua o alcantarillado, pueden solicitar permisos de construcción al propietario antes de prestar sus servicios.

• Regulación por las autoridades: 
  Se refiere a un conjunto de reglas, normas o directrices establecidas por órganos de gobierno o agencias reguladoras. Estas normativas están diseñadas para regular y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. Por ejemplo, las autoridades reguladoras pueden imponer el requisito de que los propietarios exhiban una copia del permiso de construcción de forma visible en la obra.