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Las leyes de difamación y las SLAPP son "mal utilizadas" de más en más para restringir la libertad de expresión
La campaña mundial para despenalizar la difamación, que estaba ganando fuerza hace una década, ahora enfrenta un retroceso, incluso dentro de los países que reintroducen la penalización por difamación. Como resultado, 160 países criminalizan la difamación, según datos publicados en un nuevo resumen informativo del Informe de Tendencias Mundiales sobre Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios, titulado “El uso del sistema judicial para atacar la libertad de expresión. Tendencias, Desafíos y Respuestas”.
Este informe aborda las tendencias actuales, los desafíos y las respuestas a nivel mundial sobre la difamación y las leyes relacionadas, con un enfoque especial en prácticas legales abusivas. También señala que, en los últimos cinco años, se aprobó una serie de nuevas leyes para combatir la desinformación, el delito cibernético o el discurso de odio, pero con consecuencias potencialmente nefastas para la libertad de los medios.
Asimismo, diversos países endurecieron o reintrodujeron disposiciones sobre difamación, calumnia e insultos al establecer nuevas leyes con la intención de abordar la ciberseguridad, las "noticias falsas" y el discurso de odio. Además de la difamación penal, hubo un aumento en el uso de la difamación civil, que a menudo resulta en daños desproporcionados y efectos perturbadores en la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
Este análisis demuestra que la cuestión de la difamación, tanto penal como civil, debe abordarse en las legislaciones nacionales de conformidad con la normativa internacional, desde el punto de vista de la protección de la libertad de expresión y la labor vital de los periodistas. La UNESCO sigue pidiendo la despenalización de la difamación y advierte contra las tendencias del uso de los sistemas judiciales para atacar la libertad de los medios de comunicación.
La búsqueda de tribunales favorables o "Forum shopping" y las SLAPPs en alza
En el informe también se pone de relieve el aumento de prácticas abusivas, como el “forum shopping”, que se refiere a la práctica de seleccionar el tribunal en el que entablar una acción basada en la perspectiva del resultado más favorable, aun cuando no exista o sólo exista una tenue conexión entre las cuestiones jurídicas y la jurisdicción.
Las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) por parte de actores poderosos que quieren silenciar las voces críticas y socavar el escrutinio aumentaron en diferentes regiones. Captaron una atención significativa de los defensores y de los organismos internacionales, en particular en Europa.
El objetivo real de los SLAPP no es ganar un caso judicial, sino abrumar al acusado a través de procedimientos legales prolongados, costos excesivos, incluso con riesgo de quiebra, además de la carga psicológica relacionada. Los SLAPP centrados en los cargos de difamación se utilizan con frecuencia para disuadir a los periodistas de avanzar en su trabajo impidiendo la publicación o eliminación de ciertos contenidos y disuadiendo a otros de cubrir los mismos temas.
Dirigido a los actores judiciales y legisladores, el resumen informativo también proporciona definiciones, estándares internacionales y jurisprudencia histórica de los principales tribunales regionales de derechos humanos relacionados con la difamación, así como buenas prácticas y recomendaciones para la despenalización.
El uso de procedimientos judiciales contra periodistas que informan sobre asuntos de interés público es una amenaza creciente a la libertad de prensa del mundo entero. En los últimos años, poderosos individuos, corporaciones y funcionarios gubernamentales adoptaron esta táctica para silenciar y acosar a periodistas independientes. Su defensa jurídica no sólo es importante a nivel individual, sino también, de manera más amplia, para evitar que las ideas y la información sean retiradas del espacio público.
El desglose regional muestra tendencias preocupantes
En Europa central y oriental, incrementó el uso de leyes penales de difamación, que están en vigor en 15 de los 25 estados de la región y la mayoría de ellas incluyen la posibilidad de sanciones privativas de libertad. Diez países abolieron todas las disposiciones generales contra la difamación y el insulto, y otros cuatro aplicaron una despenalización parcial.
Los delitos de difamación persisten en 29 de los 33 estados de América Latina y el Caribe y continúan siendo utilizados como armas contra periodistas y blogueros. En Europa Occidental y América del Norte, la difamación criminal permanece en los estatutos de 20 de los 25 estados, la mayoría conservando las sanciones privativas de libertad. Entre 2003 y 2018, cinco países abolieron las leyes penales de difamación e insultos, y otro las derogó parcialmente.
Frente a este escenario, se aconseja que los estados deroguen las leyes penales de difamación y las reemplacen por una legislación civil apropiada sobre difamación en consonancia con los estándares internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil y los agentes de los medios de comunicación también deben participar en campañas de promoción y sensibilización para movilizar al público y garantizar que las sentencias internacionales y regionales se apliquen plenamente a nivel nacional. Al mismo tiempo, pueden lograr un impacto significativo al presionar por la abolición de la difamación criminal y contrarrestar este retroceso. Por último, los litigios estratégicos y el apoyo jurídico a los periodistas también son fundamentales para alentarlos a continuar su labor y pueden dar lugar a cambios jurídicos y normativos concretos y positivos.
